El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) estima que la mayor parte de los préstamos tramitados ante el Banco de Previsión Social (BPS) por apoderados de ancianos internados en establecimientos de larga estadía, -hogares de adultos mayores- no son utilizados en beneficio de los mismos, sino con fines de lucro de terceros.

Sara García, directora de la División Articulación y Participación del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), aseguró que el organismo viene buscando mecanismos legales para evitar el llamado "abuso económico" de los adultos mayores.

La funcionaria aclaró que no hay cifras oficiales sobre la práctica pero que es una preocupación para el Mides.

En el Uruguay hay 1.100 establecimientos de larga estadía de los cuales 700 pertenecen a los departamentos de Montevideo y Canelones.

"Estos casos se generan cuando se solicitan préstamos en dependencias públicas, siendo los casos más habituales en el BPS con el aval viciado de un vínculo violento detrás, en muchas ocasiones con un gran trabajo de mala fe que hace que el anciano se endeude y que encima ese dinero no sea en beneficio de él mismo sino de terceros", aseveró García.

En ese sentido, destacó que "los casos más habituales están dentro del propio núcleo familiar o los principales de las casas de salud o residenciales".

Estos comentarios fueron realizados en ocasión de una charla abierta ofrecida en la Junta Departamental de Cerro Largo en la presentación del Plan Nacional de Vejez y Envejecimiento y de la Convención Interamericana sobre la protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Históricamente los hogares de ancianos estaban bajo el control del ministerio de Salud Pública (MSP), desde hace unos cinco años están a cargo del Mides. Desde ese entonces, el organismo resolvió realizar inspecciones sorpresivas.

Denuncias

Se han pasado casos y situaciones a la órbita penal por manipulación en las jubilaciones o pensiones de estas personas que a veces incluso hasta son engañadas para que saquen préstamos.

"Se tiene una mirada sociosanitaria mayor sobre ellos. En varios casos, se detectó que había abusos financieros y se hicieron las denuncias de esos casos", explicó la representante de Inmayores.

Por otro lado, García sostuvo que "debe haber cambios legales en este sentido por abuso económico" y recordó que muchas veces llegan denuncias de estos abusos y en otros casos tenemos sospechas, porque para nosotros constatar fehacientemente este tipo de casos es difícil".

En otras ocasiones los cierres han sido por la vulneración de derechos de las personas que viven allí. Por ejemplo, la imposibilidad de que los ancianos puedan comunicarse con el exterior, en lo que configura una privación de libertad.

"También se ha verificado que algunos establecimientos tienen personas atadas a la cama o a una silla. A veces se quiere justificar esto porque dicen que se caen o se ponen violentos. En otras ocasiones se da porque hay una sola persona para atenderlos por falta de personal y esa es una manera de controlarlos. También, de acuerdo a los antecedentes en Melo y en Río Branco, se ha actuado cuando les faltan las cuatro comidas diarias.

"Estas son las cosas irregulares que encontramos con mayor frecuencia", dijo García.