Una de las redes de estafa más grandes de Uruguay logró expandirse por la zona metropolitana en menos de seis meses, según declararon ante la Justicia los implicados en el caso. Hasta el momento hay 36 procesados.
Se trata de una "megaestafa", según manifestaron investigadores que lograron desarticular la banda que ya contaba con un centenar de participantes.
La maniobra consistía en abrir empresas ficticias ante el Banco de Previsión Social (BPS). Es decir que se inscribían legalmente, pero en realidad nunca se llegaban a efectivizar trabajos. Luego de este primer paso, los estafadores falsificaban recibos de sueldo y facturas. Esta era la documentación necesaria para solicitar préstamos de hasta $ 90.000 en distintas firmas financieras del país, dinero que nunca era reembolsado.
Primero fue un grupo reducido, que captaba personas con "ganas de hacer dinero fácil, les daban la documentación y con eso, a nombre de los cómpli- ces se sacaba el préstamo, que después era repartido en par-tes iguales", informó el investigador.
Luego, la red se iba expandiendo, a medida que los cómplices aprendían el método de engaño. Así era que buscaban nuevos adeptos para seguir adelante con la solicitud de préstamos.
Hasta el momento, se estableció que con las reiteradas estafas a casas financieras de Canelones y Montevideo, se llegó a una suma cercana a $ 8 millones, unos US$ 270 mil.
La Justicia aún no cerró el caso y seguirá indagando a más personas que están identificadas, en la próxima semana.
El fiscal del caso, Gustavo Zubía, informó que "se llevó a cabo una buena investigación por parte de la Policía en la Dirección de Información Táctica", que fueron quienes se encargaron de ubicar a todas las personas implicadas en las estafas.
Para Zubía, "no es común que haya tantas personas involucradas en una maniobra; es una red que se reproducía a sí misma y se iba ramificando".
Las entidades financieras ayudaron a que los delincuentes fueran cayendo de a poco a través de las denuncias que efectuaron.
Por otro lado, las empresas de préstamos fallaron en sus controles cuando tuvieron que someter a estudio la veracidad de los documentos que eran presentados.
Un ejemplo claro fue no haber chequeado que la antigüedad de los supuestos trabajadores no sobrepasara la de la fecha de apertura de la empresa ficticia en el BPS.
En algunos casos, los trabajadores presentaban una antigüedad de dos años en sus supuestos empleos, pero en realidad, la empresa estaba de alta desde hacía tan solo un mes.
Otro ejemplo fue el de los datos de las facturas de UTE y OSE, que en varias ocasiones fueron falsificados para dar una constancia de domicilio falsa.