Un proyecto que regulará como se deberán pactar los alquileres en balnearios sigue sin ser aprobado. La iniciativa establece un régimen jurídico y una serie de obligaciones para los propietarios de inmuebles arrendados con fines turísticos. El objetivo, según figura en su exposición de motivos, es “regular una nueva modalidad de alojamiento turístico” y “equilibrar el alojamiento particular, consagrado en otras normas, con la competencia informal a la hotelería”.

Su avance en el Parlamento ha sido lento: tras pasar a tratamiento en la Comisión de Industria del Senado, diferentes delegaciones expresaron reparos en torno a la redacción y eventual alcance del proyecto de ley. Esto llevó al Ministerio de Turismo (Mintur) a presentar un segundo borrador, que suprime y simplifica un combinado de 13 artículos, a inicios de noviembre. De todas formas, el documento fue objeto de una serie de reparos por parte de la cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

La ex ministra de Turismo y senadora frenteamplista Liliam Kechichian explicó a la diaria que si bien desde el Frente Amplio (FA) entienden que es “justo tener una ley, en tanto hay una competencia desleal”, su “formato” tiene “muchas debilidades”. “La redacción es mala, pero el objetivo tiene sentido”, remató.

La senadora frenteamplista consideró, por una parte, que dicho objetivo es “tener alguna herramienta que permita que haya, por lo menos, un registro de las viviendas turísticas”. Por otra parte, ponderó que la Ley de Regulación de la Actividad Turística, que fue aprobada durante su gestión en el Mintur, hubiera podido ser “adaptada” para abordar el problema.

Por último, consultada sobre las posibilidades de aprobación del proyecto, la ex ministra de Turismo afirmó que eso no depende del FA, ya que su partido “no pone el tiempo”, pero señaló que se encuentran “absolutamente dispuestos a darle todo el impulso y toda la celeridad que requiera”.

El senador del Partido Nacional y presidente de la comisión, Amín Niffouri, consideró que es necesario “hilar más fino” en la redacción: “Si se piensa aprobar, hay que avanzar en una definición un poco más concreta”, sostuvo. Niffouri valoró necesario evitar que el proyecto de ley sea “muy genérico” y llamó a “tener mucho cuidado con la realidad de cada lugar”, porque, a su entender, hay sitios turísticos en nuestro país que podrían no requerir su aplicación. “Hay que buscar bien la especificidad de lo que se necesita y no por querer meter una norma, de repente, meter gente o lugares que quizás no sea necesario regular”, insistió.

En contraste, el senador del Partido Colorado Raúl Batlle se mostró reticente a aprobar el proyecto de ley. En diálogo con la diaria, consideró que “el proyecto no tiene principio ni fin”, y se apoyó en las observaciones realizadas por la cátedra de Derecho Civil, cuyos representantes declararon ante la comisión que “el proyecto está muy mal construido”, explicó Batlle.

El senador colorado consideró que el proyecto “abarca todo”, por lo que de aprobarse podría “entorpecer el turismo en Uruguay”. De esta manera, calificó el actual borrador como “un ataque a las plataformas”, y llamó a “mirar cosas que ayuden al sector hotelero de verdad”. “Este es un proyecto que no se sabe a qué apunta” y así como está “es para molestar a la gente”, consideró Batlle. De esta manera, argumentó que no votaría el proyecto “ni nada parecido, porque no sirve absolutamente para nada”.

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech, quien también integra la comisión, dijo a la diaria que su partido ve con buenos ojos la aprobación del proyecto de ley. Para el senador cabildante, existe “una situación a regular” en los hechos ya que, según apuntó, “hay plataformas que están haciéndole competencia a la industria hotelera”.

De todas formas, Domenech se mostró dispuesto a trabajar en torno a su redacción para “buscar un equilibrio” que contemple los “intereses legítimos de todas las partes”. A modo de ejemplo, el senador de CA se refirió a situaciones que en su opinión no constituyen una “competencia desleal”, como quienes alquilan para “pagar los gastos comunes y la contribución”, así como “disfrutar el resto del año”.

“Estamos dispuestos a revisar todo lo que sea necesario revisar, pero yo diría que la intención rectora del proyecto -y la nueva versión que acercó el Mintur- nos resulta, en principio, aceptable”, concluyó Domenech.

Finalmente el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, consideró “muy saludable” el hecho de que el proyecto de ley enviado al Parlamento “tenga una tratativa a fondo”, “más allá del término que tenga”. De esta forma, explicó, podrían ser contempladas “la gran mayoría” de las diferentes posturas, que caracterizó como algo positivo.

Consultado sobre el alcance y la redacción de la ley, así como por las diferentes críticas que ha recibido, Monzeglio notó que la modalidad de arrendamiento que se pretende regular es “muy incipiente” y algo que el “mundo va camino a ordenar”, por lo que “va cambiando permanentemente”.