El Ing. Ramón Appratto Lorenzo, uno de los siete integrantes del Comité de Crisis creado el 7 de julio por la Asamblea de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, denunció detalles del conflicto que mantienen con la Caja.

Según nos manifestó “el problema se originó por las tres resoluciones de la mayoría del Directorio de la CJPPU que significaron una rebaja de las jubilaciones y pensiones de sus afiliados. Los perjuicios son los siguientes: 1) se elimina una partida para cobertura de salud que la Caja viene pagando desde hace 31 años; 2.a) se rebaja el 10 % los montos con que se calcularán las futuras jubilaciones y 2.b) se congelan las pasividades otorgadas a partir del 2005, hasta que con los futuros aumentos no otorgados, se devuelva ese 10 % “percibido de más”. 3) se suprime una asignación especial de fin de año paga en dos partes iguales a semestres vencidos en junio y diciembre. La primera resolución elimina un derecho adquirido, contra la teoría del “acto propio”. 

La segunda ataca directamente a los profesionales activos, pues rebaja las futuras jubilaciones. Además perjudica a unos 2.500 jubilados de los últimos años a quienes aplicándoles una norma con efecto retroactivo se les congela la jubilación hasta devolver lo que la mayoría del Directorio considera mal habido. Y la tercera eliminó a partir del 1º de julio pasado el pago de una “compensación especial por fin de año” que representa un 10 % de la pasividad.”

Appratto agregó que: “cuando decimos la mayoría de un Directorio que está compuesto por 7 miembros, nos referimos a los 2 Directores políticos puestos por el Presidente de la República y su Ministro de Trabajo (la Ec. Bernengo y el Dr. Nicoliello.) y a los 4 Directores, que dicen representar y se supone defender, a los gremios de los profesionales activos: Dr. Med. Ignacio Olivera, su suplente Dr. Odontólogo Álvaro Roda, Cr. Álvaro Correa, Arq. Carmen Brusco e Ing. Agr. Luis Altesor. La minoría es el Director electo por los Jubilados y Pensionistas Dr. Hugo de los Campos, único voto discorde en genuina defensa de sus representados.”

Consultado sobre qué medidas tomó la Asociación de Afiliados dijo que: “La marcha general de la Asociación depende de la Comisión Directiva. El seguimiento específico del conflicto, la Asamblea declarada en sesión permanente el 7 de julio, se lo encomendó al Comité de Crisis. Sus resoluciones se viabilizan, cuando es menester, por la vía administrativa de la institución. En lo que respecta a las medidas tomadas, creo que las dos principales son, por un lado, las acciones encomendadas a los respectivos estudios de los Dres. Augusto Durán Martínez y Dr. Olmos Malet referentes a los recursos de revocación de las resoluciones ante el Directorio de la Caja y luego el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Y por otro lado la organización de comisiones que ejecutan una incesante campaña de información de los perjuicios ante los directamente involucrados, activos y pasivos, medios de prensa, comisiones del Parlamento, Ministro de Trabajo, Presidencia de la República, Rectorado, Decanos, gremiales universitarias y acompañar al Dr. Hugo de los Campos, en las visitas que el Directorio hace al interior y a las gremiales para que escuchen las dos campanas”.

Sobre este último punto nos agregó Appratto: “He concurrido como integrante del Comité de Crisis a las reuniones que fue el Directorio en Salto el 7 de octubre y en Mercedes el 3 de noviembre. Esta última se hizo en la Asociación Rural de Soriano, promovida por el Director Ing. Agr. Altesor, a quienes acompañaron la Arq. Brusco, el Dr. Roda, y el Dr. De los Campos. A diferencia de la de Salto donde hubo unos 80 profesionales, en ésta la concurrencia fue muy escasa. Quizá 20, contándonos a nosotros 5. Interesados involucrados rondarían en unos 15. Eso hizo que la exposición que arrancó Altesor en base a un “power point” que tiene armado la mayoría (el mismo que presentó el Cr. Correa en Salto), se convirtiera en una Mesa Redonda. Iban surgiendo preguntas que iban contestando Altesor y Roda sin mucha claridad. 

En esa parte del intercambio, surgieron interrogantes sobre el tema de la cantidad de afiliados con declaración de no ejercicio (más de 60.000). Lo que fue contestado sin precisar las medidas tomadas ni la cantidad de declaraciones falsas o verdaderas. Y al respecto salió el tema de la reglamentación del Art. 68 de la ley, para obligar a hacer esa declaración en forma anual y paga, cosa que hoy el Directorio no hace. El Dr. de los Campos llevó también una exposición que fue proyectando a medida que exponía su posición discordante sobre todo haciendo hincapié en que los problemas de la Caja son causados por una evidente mala gestión llevada adelante por la mayoría del Directorio. Como uno de los ejemplos de la misma puso el caso de la indefinición del Directorio en cuanto a no saber a ciencia cierta cuántos son los juicios que tiene en trámite la Caja.  Se habló en un principio de 6.500, luego de 5.000 y finalmente 4.500, pero se aceptó que esa indefinición era causada por no tenerlos digitalizados y tampoco ni siquiera contados uno a uno como antes de la era informática. En mi caso, había llevado 4 preguntas sobre cantidad de casos y calidad de medidas tomadas para abatir el “no ejercicio” y cantidad y seguimiento de los juicios. Pero mis preguntas se fueron contestando en el correr de las intervenciones de los asistentes y miembros del Directorio: tampoco supieron controlar el “no ejercicio”. Como en Salto, cuando pregunté sobre el rescate de la Morosidad, en Mercedes tampoco contestaron sobre el control de la veracidad de las más de 60.000 declaraciones de “no ejercicio”. Me remití entonces a concientizar a los profesionales activos en la conveniencia de pagar a la Caja y lograr una jubilación en la 10ª categoría. Referente al reclamo de los profesionales jóvenes de que “el pago a la Caja les sale caro”, sugerí que una vía de solución a eso es impulsar la colegiación de las profesiones que ordena la competencia y lograr el cobro de honorarios justos”.