La regulación de plaguicidas es un tema que viene siendo conversado de larga data ya que se ha comprobado que es importante reducir y cuidar la aplicación de estos productos en el campo. 

El diputado Enzo Malán presentó ayer en el Parlamento un proyecto de ley sobre Regulación del uso de plaguicidas, indicando al respecto que “si queremos avanzar en el objetivo de reducción de ‘agroquímicos’ deberemos tratar de hacer los equilibrios pertinentes que permitan la defensa del ambiente y la salud, sin descuidar lo económico que genera -o debería generar- mejores condiciones de vida y de desarrollo para las comunidades. 

A nivel mundial existe una creciente preocupación por la inocuidad de los alimentos y por supuesto, por la protección de la salud y el ambiente, frente a las prácticas agrícolas.

En Uruguay, en los últimos años, se viene procesando una intensa transformación del agro. Se ha intensificado la producción y buscado el aumento de la productividad. Para dar algunos datos que pueden ilustrar nuestras afirmaciones diremos que el cultivo de soja de 9 mil hectáreas en el año 2000, llegó a un millón doscientas mil hectáreas en el 2021. La importación de fitosanitarios se multiplicó por 700.

Si bien se ha avanzado en el desarrollo de técnicas de protección de cultivos más sustentables, así como en la reducción de plaguicidas más tóxicos las alternativas biológicas son aún de una adopción marginal en el ámbito productivo.

En base a este diagnóstico nos parece oportuno y conveniente se proponga una política de Estado que desarrolle acciones que estimulen, de modo progresivo y responsable, la transición hacia modalidades fitosanitarias más seguras en el marco de la agricultura sustentable.

Concretamente estamos proponiendo que se declare de interés general la promoción del uso de productos fitosanitarios de base biológica, productos de baja toxicidad, y productos que no perturben los reguladores naturales de plagas.

Esto busca generar una guía de acción, en el entendido que toda práctica agrícola afecta el ambiente, pero se trata de optar por promover aquellas menos perjudiciales, integrando dimensiones donde lo ambiental y la salud debe ser lo central sin descuidar lo económico y la producción.

Es en este aspecto que se busca enmarcar las prácticas dentro de límites -de tolerancia- para garantizar la inocuidad de los alimentos, así como la mitigación de riesgos y la sostenibilidad económica.

El proyecto tiene tres elementos claves para avanzar en ese sentido: 1º) Generar conciencia de la importancia de esta temática. Para ello se hace necesario desarrollar políticas públicas que refieran a educación, a investigación, a difusión; 2º La interinstitucionalidad que coordine acciones gubernamentales con los aportes de agentes sociales y de la producción; 3º Estímulos fiscales que busquen incentivar la incorporación del uso de productos fitosanitarios de origen biológico, de técnicas de control biológico y de buenas prácticas.

El mismo hace referencia a la certificación, el registro y la comercialización. La certificación de las buenas prácticas es sumamente beneficiosa e importante para darle valor a los que trabajan bien y para darle seguridad a la población en general sobre lo que consume, ya que no existe seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos.

Es importante también el registro fundado de productos fitosanitarios donde serán referentes preferenciales -no únicos- la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU o el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea.

En cuanto al registro y uso de plaguicidas en el cultivo de alimentos estará supeditado a un límite máximo.

Un tema muy sensible y de importancia para el proyecto es el sistema de monitoreo de residuos ya que establece que sólo se podrán comercializar productos agrícolas cuando a lo largo de la cadena de producción y distribución exista un sistema de monitoreo de residuos de plaguicidas que garantice la inocuidad para consumidores y manipuladores, información que a su vez será pública. Esto es clave para avanzar en dejar de consumir plaguicidas o agroquímicos y generar evidencia de ello.

En definitiva es un buen proyecto que busca no quedarnos inmóviles sino avanzar hacia mejorar las prácticas que de no hacerlo siempre terminan perjudicando más a las poblaciones más vulnerables, más desprotegidas.

Por último me gustaría resaltar el trabajo de discusión y síntesis, de aporte y corrección técnica, jurídica, científica, tanto de la Comisión Nacional de Ambiente del PS, así como de los asesores de la bancada socialista en el parlamento que después de meses de ininterrumpido intercambio permitió que en el pasado diciembre este proyecto tomara estado parlamentario. En la actualidad está en la comisión asesora de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esperemos pronto tratamiento”, finalizó expresando el legislador.