Fiscales de los departamentos de Soriano, Río Negro y Colonia participaron ayer de una reunión de trabajo donde el tema central fue la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. 

Por este motivo estuvo presente en Mercedes, el Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz , quien señaló que en el encuentro, además de los Fiscales titulares también se hicieron presentes los adscriptos  e integrantes con el equipo de implementación del nuevo Código de la Fiscalía, generándose una jornada de capacitación y para recoger las diferentes opiniones, sugerencias a fin de ser tenidos en cuenta por la Fiscalía ya que el tiempo de trabajo se extenderá hasta el 16 de julio del año venidero y estos meses son esenciales pues son definitorios para tomar decisiones y distribuir los recursos humanos y materiales en todo el territorio.

Ninguna Ley Resuelve Mágicamente un Problema

Se ha mencionado que el nuevo Código contribuirá a mejorar muchos aspectos entre ellos los vinculados con la seguridad. Al consultar al respecto al Fiscal, este respondió que “hay que tener claro que ninguna ley resuelve mágicamente un problema. La ley lo que genera es el ámbito donde los operadores debemos trabajar para obtener mejores resultados.

Hemos dicho que esta reforma era necesaria porque el país ha ido a contrapelo de lo que son las recomendaciones de los organismos de Derechos Humanos Internacionales y de los tratados que el país ha suscrito y ratificado.

Este Código lo que hace es generar el contexto para que los operadores del sistema desarrollemos nuestra labor de la mejor manera. No creo que se resuelvan mágicamente todos los problemas que tiene el proceso penal en el Uruguay que son múltiples, pero sí nos da las herramientas para trabajar en esa dirección”.

Explicó que otros de los motivos del cambio es generar un mejor relacionamiento entre la Justicia y las autoridades, donde no sólo están comprendidas las del Ministerio del Interior, sino que se debe tener en cuenta las fuerzas de seguridad a nivel general.

“Es absolutamente imprescindible la coordinación de todas las instituciones que cumplen diferentes funciones y la Fiscalía para que se pueda generar un cambio. Lo que no puede pasar es que cada uno vaya por la suya”.

Procesamientos con Prisión y sin Prisión

El Fiscal aclaró que “cuando entre en vigencia el Código habrá una instancia de formalización de la investigación y a los 30 días habrá que presentar la acusación. El Fiscal realiza la investigación y acusa, la defensa defiende y el Juez se limita a juzgar.

Conjuntamente con la formalización el Fiscal puede pedir medidas cautelares entre las que están la prisión preventiva, prohibición de acercarse a algún lugar, de ingresar o salir de determinado territorio, y otras medidas cautelares que este solicitará al Juez y este dispondrá si se cumplen o no.

La prisión preventiva se podrá pedir en caso que exista riesgo de fuga, que el individuo pueda frustrar la prueba ocultando efectos o amenazar a la víctima o testigos o cuando hay riesgos de que el individuo reitere la conducta. El Código establece que no se puede dictar la prisión preventiva como pena anticipada.

Hoy en Uruguay el 65% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia y apostamos a revertir esas cifras que no hablan bien de un Uruguay democrático”

Personal Para Realizar los Controles

El Dr. Díaz  indicó que el contralor deberá hacerse a través del Ministerio Público y la Policía. “Apostamos a que cuando se dispongan medidas se debe establecer un estricto contralor de cumplimiento y si esto no se hace, se aplicarán las sanciones que correspondan. La base del sistema es que haya control, de lo contrario habrá impunidad.

Las audiencias van a ser orales y públicas, salvo aquellas que por el delito que deban tratar, se entienda que deben resguardarse datos e identidad de las personas”.

Situación de las Cárceles

Consultado sobre la situación conflictiva que hoy se vive en las cárceles uruguayas, el Fiscal recordó que en varias oportunidades se ha mencionado esta situación compleja, ya que se tiene un índice de prisión de 320 cada 100 mil habitantes, siendo el más alto de América Latina. Si a esto se le suma el alto porcentaje de reclusos que están sin sentencia, genera un “combo” peligroso. 

“Más allá de las inversiones que se han hecho a nivel de infraestructura carcelaria, el crecimiento exponencial de la cantidad de reclusos provoca situaciones complejas”.