“Yo les diría que no hay nada nuevo en la situación del fútbol con el BPS. Quizá se podría decir que están un poco mejor que hace cinco, diez o quince años atrás. Esa es la única novedad”.
Eso fue lo primero que aclaró en el Parlamento el presidente del Banco de Previsión Social, Heber Galli, al comentar la “curiosidad” y el “asombro” que le generó ver que varios medios de comunicación informaran sobre las deudas que muchos clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol mantienen con el organismo por los aportes de sus trabajadores.
Eso se traduce, indicó, en que hoy hay más instituciones que están en una situación regular de pagos, o con deudas cubiertas por convenios que se están cumpliendo.
Lo planteado, aclaró, no quiere decir que todo esté bien. Simplemente, no hay nada nuevo con respecto a las últimas dos décadas.
“El fútbol está en crisis desde que yo tenía pelo” aseguró Galli, notorio por su escasez de cabello. “No recuerdo época en que no se dijera que el fútbol está en crisis”.
En lo que va de 2019, el BPS pagó unos US$ 500 mil por subsidios de desempleo en las instituciones deportivas, considerando el pago de la prestación y lo que dejó de recaudar por partes.
En promedio, hubo entre 60 y 70 trabajadores que percibieron cada mes el subsidio en estos ocho meses. Es muy común, por otra parte, que muchas instituciones envíen a sus jugadores al seguro de paro cuando termina cada temporada.
Galli aclaró que, en el caso de las instituciones deportivas, casi todo lo que pegan corresponde a aportes personales, ya que están exoneradas de aportes patronales. Eso supuso para el BPS resignar ingresos por US$ 7 millones el año pasado. Casi tanto, dijo, como el beneficio que recibió el sistema cooperativo.
Vale decir además que, como cualquier empresa, pueden acogerse a los diferentes convenios para cancelar adeudos previstos en sucesivas leyes aprobadas en los últimos años.
Galli salió a cruce de los planteos que promueven, por ejemplo, que las instituciones deportivas vuelvan a aportar por un régimen ficto. “Habría que preguntarle a los trabajadores que opinan” señaló, al indicar que que así fuera todos sus beneficios pasarían a estar vinculados a ese monto.
Es que, si se establece un ficto de $ 14 mil, cuando vaya al seguro de paro cobrará por ese aporte. Lo mismo sucederá cuando se jubile.
El salario mínimo legal en Primera División está fijado hoy en $ 43 mil. Según Galli el 90% de los futbolistas del medio local cobran, “si tienen suerte”, unos $ 40 mil, un sueldo promedio de Industria y Comercio. “Y la mayoría, la mitad de esto”, aseguró.
Ante la comisión Galli se amparó en el secreto tributario y se negó a informar cuántos ni cuáles son los clubes que están embargados por deudas ante el BPS.
Una información que, en parte, fue aportada momentos después por una delegación de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Se trata de 14 instituciones de Primera y de Segunda División, dijo Jorge Casales, integrante del Consejo Ejecutivo. La mitad exacta de las que, según la normativa local, pueden considerarse “profesionales”.
Los montos embargados son muy heterogéneos. En algunos casos se trata de embargo genérico. En otros, el menos significativo es por $ 26 mil. El máximo llega a los $ 106 millones.
Básicamente, ocurre en el segmento “más humilde” de los clubes, ya que no hay equipos que hagan grandes negocios y, a la vez inclumplan.
“Si miramos la lista de clubes que tienen embargos, advertimos que son los más pobres, y desaparecerán si no hacemos algo”, adivirtió la directora ejecutiva de la AUF, Victoria Díaz.
En el caso de la vieja B, son “muchísimos” los clubes que están embargados, con presupuestos que incluso pueden llegar a ser inferiores que en el basketball. En esa divisional, el salario promedio es de $ 21 mil.
Según el presidente de la Asociación, Ignacio Alonso, el principal problema para el fútbol surgió luego de 2009, cuando los clubes debieron pasar a aportar por el salario real de los jugadores.
Lo que hay además, dijo, es un problema estructural, de carácter deficitario, en la cobertura del presupuesto anual de todas las instituciones.
“Los equipos no van a encontrar una solución si no hay un cambio de régimen”, aseguró el titular de la AUF.
Alonso insistió en el establecimiento de un régimen especial para todos los deportistas, que le permita salir a los clubes de una situación que está lejos de ser puntual.
La fórmula consistiría en un aporte diferencial que fuera un porcentaje de los ingresos de los equipos, que iría ajustándose en función de su estructura presupuestaria.
Más allá de esta alternativa, dijo, la propia AUF puede contribuir. Por ejemplo, “gestionando muy duramente y controlando los nuevos contratos de ingresos de las instituciones”.
Vale decir que la deuda de los clubes con el BPS es por los aportes de jugadores y entrenadores. Trabajadores, cancheros y funcionarios de recaudación están todos al día.
En particular en lo que refiere a los derechos de televisación del fútbol uruguayo. “Entendemos que hay una baja percepción de la potencialidad de la facturación total que se genera en ese ámbito”, dijo.
Si esa ecuación mejora, señaló, se tendrá una fuente de ingresos que garantice los flujos de aportes al Banco de Previsión Social.
Alonso se detuvo en algunas de las razones por las que existen incumplimientos. Es que las obligaciones de los clubes, explicó, son mensuales o hasta quincenales. Pero sus ingresos tienen una frecuencia cuatrimestral.
Entonces, dijo, en el medio se produce un “bache financiero”. En una secuencia de pagos al BPS, generalmente en el cuarto mes “hay que echar para atrás” y se generan dos o tres incumplimientos. Se terminan pagando uno o dos meses con multas y recargos.
Otra fuente de endeudamiento es cuando a un jugador que entra a prueba a un equipo se le da tarde de alta. El estatuto del futbolista indica que se lo tiene que poner desde el día en que empezó a entrenar. Pero si lo ponen desde el día en que se confirmó que se queda, allí se generar las multas.