"Ojo, que la plata que se le dará al Casmu es la plata de todos los uruguayos”, sostuvo con vehemencia ayer el presidente Lacalle dejando en claro que la principal responsabilidad de gobierno es asegurar el retorno del dinero. Antes, reconoció que se había acordado a nivel del Poder Ejecutivo que los directores de la gigantesca mutualista no serían desplazados de sus cargos, mientras durara la intervención contable que buscará saber cómo se produjo el descalabro financiero.

Con 180 mil asociados que dejan más de 18 millones de dólares cada mes, la mutualista está en problemas. El gobierno le dará 56 millones de dólares para “salir del paso”, algo así como ocurrió con la Caja Profesional fundida cuatro veces y recuperada otras tantas.

Parecería que el problema es de otros; en realidad la mutualista está en Montevideo y nosotros en el interior, aunque la lejanía no excluye que en algunos casos mediante convenios conozcamos a vecinos que se asistieron. Por adentro, la empresa es colosal si la comparamos con los centros de salud a los que estamos acostumbrados tierra adentro; se ve tanta gente trabajando en un ir y venir de funcionarios que parece explicar que haya dificultades a la hora de pagar sueldos. Según GLASSDOOR que analizó un total de 23 sueldos al azar, un operario de limpieza percibe  432 mil pesos, un funcionario de atención al cliente 497 mil, un estagiario superior 625 mil, un administrativo 476 mil, un auxiliar de laboratorio 386 mil, un Licenciado en Enfermería 620 mil, una dietista y nutricionista 647 mil, un técnico en hemodiálisis 1 millón de pesos y un médico especialista 5 millones de pesos. La misma plataforma asegura que al ser consultados sobre una evaluación de conformidad sobre las retribuciones percibidas el promedio arrojó un porcentaje de 2,9 sobre un máximo de 3.

Los funcionarios de la salud suelen quejarse de sus bajas remuneraciones, pero en realidad quienes llevan a la luz las críticas con mayor frecuencia son aquellos que están en el sistema público.

Los mortales comunes como los que miramos obligadamente el tema desde afuera y a través del vidrio de la ignorancia que nos impide conocer los entretelones de una actividad complejísima, nos preguntamos si (a la hora de resolver estos apoyos económicos “con los dineros de todos nosotros” como dice el Presidente) no sería necesaria una explicación más acabada sobre los balances y las causas que llevan a los pedidos de auxilio. Las empresas privadas no tienen por qué dar información sobre sus decisiones internas siempre que se muevan con recursos propios y genuinos. Pero a la hora de pedir ayuda, parece de orden explicar esas realidades.

Sin embargo no ahora sino también en el reciente caso de Casa de Galicia, es el estado el que ha quedado en deuda con la opinión pública. Se dice que fue una maniobra que comenzó con la decisión de un juez que en un día feriado decretó la quiebra, frenó al BPS en sus derechos y terminó dándole a un par de privados el préstamo que le había negado a la empresa. Nunca se supo si fue verdad pero nunca se desmintieron las múltiples denuncias periodísticas que circularon desde entonces.

¿Callar entonces es lo que corresponde? Quizá el parlamento pregunte y algún sector político de esos que suelen auto-proclamarse defensores de los dineros públicos termine respondiendo a una opinión pública que merece respuestas.

Claro: cuando se habla “del dinero de todos” nadie lo siente directamente en su bolsillo; la vida sigue fluctuando como cada día y no se interrumpen las tormentas, ni el viento, ni los bailes, ni el trabajo, pero uno no puede dejar de pensar en qué buen negocio es para algunos ser mal administrador.