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Economía: La moda de la Transparencia Fiscal
11 jul 2017 | Por Gonzalo Cuadrado Arias

El año pasado fue revolucionado en términos tributarios por la noticia y acontecimientos conocidos como los Panamá Papers, revelados por una Organización integrada por más de 190 investigadores de 65 países, el  ICIJ, • The International Consortium of Investigative Journalists, autoproclamados como una Red Global que lucha contra prácticas abusivas e intereses espurios a favor de una sociedad global más justa.

¿Qué fue exactamente lo sucedido? A partir de un robo de información de un estudio privado cito en Panamá City, el ya célebre Mossack y Fonseca, miles de archivos obtenidos de manera ilegal que proporcionaron información de más de 300 mil sociedades offshore constituidas en Panamá. Es interesante que en la propia web de la organización (1)  aclara que las personas o entidades incluidas en su base de datos (ICIJ Offshore Leaks Database) no necesariamente han quebrantado la ley o actuado de manera inapropiada. (1) https://offshoreleaks.icij.org/

No es la primera vez que sucede algo similar, podría mencionarse también lo sucedido en el año 2009 cuando un informático ex empleado del Banco HSBC, obtenía y compartía luego con la autoridad fiscal de Francia, una lista (Lista Falciani) con decenas de miles de clientes extranjeros y sus abultadas cuentas depositadas en la filial de Ginebra del banco Británico. A partir de otro acto de muy dudosa legalidad,  varios países han utilizado de diversas formas esa lista para perseguir fraudes e incluso lograr ingresos importantes al erario público, entre otros y por mencionar algunos, la propia Francia, España y Argentina. 

A fines del 2014 surgen el escándalo de los Tax Rulings de Luxemburgo (LuxLeaks), mediante acuerdos especiales grandes multinacionales lograban acuerdos de tributación muy ventajosos para radicar su residencia fiscal en ese país.  

Y como estos tres casos hay otros, sin lugar a dudas desde la Lista Falciani a Mossack y Fonseca, estos escándalos mediáticos han terminado de cambiar  los paradigmas en cuanto a la transparencia y el intercambio de información internacional entre los países. A esta altura es unánime que Paraíso Fiscal es una mala palabra y aquellos países o regiones acusados de tales, son castigados a nivel de organizaciones internacionales e incluso cuestionados socialmente por la población. 

Tal es así, que el solo hecho de figurar en una de estas listas de potenciales evasores, ya era una sentencia de culpable y había que, en todo caso, salir a probar la inocencia, hecho que claramente va contra todos los principios de derecho sin importar el país de que se trate. 

Reacciones de los países 

ante el cambio de paradigma

Distintas organizaciones y asociaciones internacionales han elaborado diversos procesos y estándares para estos nuevos tiempos que corren, EEUU, la OCDE y el G20 tienen equipos y grupos especializados trabajando en el tema, y han logrado “convencer” a muchísimos países que el camino es uno solo y el que no se suba a ese tren irá quedando al costado del camino del comercio globalizado. 

Los países van asociándose y comprometiéndose, a través de Convenios bilaterales, adoptando acuerdos bajo la Ley  FATCA, o a través del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, donde más de una centena de países se han comprometido a adoptar el Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera en Materia Fiscal y su estándar global único de intercambio, el CRS (Common Reporting Standard). 

Varios países latinoamericanos ya han adoptado sus normas internas y se están preparando para ello, como el caso de Argentina, Colombia y México, otros como el caso de Uruguay se comprometieron a realizar los primeros intercambios automáticos de información en el 2018.

El Uruguay se ha subido a ese tren, algunos cuestionan que demasiado velozmente y con demasiado ímpetu. Tan subidos al tren estamos, que incluso a comienzos de éste año se ha publicado una lista de más de 70 jurisdicciones (incluida Panamá), consideradas de baja o nula tributación (BONT), más comúnmente llamadas Paraísos Fiscales, desalentando su utilización en el país por medio de fuertes subas tributarias.  

En todos lados se cuecen habas

Cabe preguntarse si más allá de las declaraciones políticamente correctas en contra de la opacidad y a favor de la transparencia, de eliminar secretos, de compartir información de manera automática, si detrás de todo no hay otras realidades y trasfondos que seguirán permitiendo que surjan escándalos como los mencionados en los párrafos anteriores.

Surge bastante claro que es así, que por ejemplo los países con criterio de sujeción de rentas territorial, como hay varios en Latinoamérica, es lógico que no tengan realmente mucho por ganar al compartir información.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, decía hace un tiempo que era necesario y urgente que exista una Lista Negra común de Paraísos Fiscales, argumentaba por ejemplo que Panamá no está en las listas de todos los países de la Unión Europea. Al respecto cabe mencionar que hace poco tiempo existió en España una gran discusión en virtud de que empresas constructoras Españolas negociaban contratos en el Canal de Panamá. Es así que a raíz de intereses particulares muchas veces la tentación de no ser tan objetivo y estricto surge con fuerza. 

Una cosa es firmar acuerdos y otra es cumplirlos verdaderamente, se puede adaptar la normativa para que se cumpla con determinados estándares internacionales, pero dejar huecos ex profeso. 

Incluso ocurre en varios Estados de los Estados Unidos, entre ellos Nueva York y Delawere, donde es posible crear Sociedades sin identificar sus reales propietarios. Llama la atención que el país sea tan estricto a partir de la Ley FATCA cobrando un 30 % en transacciones con países “no cooperantes” a sus intereses, y sin embargo en algunos Estados parece que los nuevos paradigmas no han llegado. 

Es incuestionable que el camino que se está recorriendo es el que pide el mundo moderno, híper comunicado, multi globalizado, y donde las crisis amenazantes y las demandas públicas crecientes, hacen que los Estados no puedan darse el lujo de perder un dólar de su potencial recaudación, y en particular cuando los evasores son grandes empresas o capitales internacionales.

Se han sofisticado los controles pero también las planificaciones tributarias internacionales agresivas, prueba de ello es que nuestras Administraciones Tributarias requieren de obtención ilegal de información realizadas por paladines de la justicia para poder perseguir evasores. Ello demuestra que si bien el camino es el correcto, mucho queda por andar todavía.  

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