Los blancos del gobierno del primer lustro de los 90, fueron los que acuñaron la expresión de triste memoria -por espuria e interesada-, atribuida a la oposición de entonces, de "embestida baguala". Ahora son ellos, los que con ominoso empeño desencadenan su embestida contra el más mínimo y legítimo impulso opositor. Basta enumerar algunos jalones de esa embestida.

El escenario de la enseñanza es tal vez el elegido como preferencial para los más contumaces ataques. Claro, es el área donde se forman los hombres libres y de pensamiento crítico; por eso fue el objetivo predilecto de la dictadura. El pedido de destitución de tres excelentes profesores del liceo 1 de San José, por ejercer sus legítimos derechos de lucha contra la malhadada ley de seguridad del finado ministro Larrañaga -felizmente derrotada en las urnas-, que nos retrotrae a los tiempos más oscuros de la barbarie dictatorial. El llamado de las autoridades -directora, subdirector y un inspector- a dirigentes estudiantiles para disuadirlos de un paro y ocupación del IAVA, en un acto autoritario e intervencionista de la más impúdica naturaleza. Tal como lo expresan los padres de alumnos y la Apal del IAVA, fue "una reunión asimétrica e intimidatoria, que generó tensión y temor en los estudiantes". El lunes siguiente los estudiantes fueron llamados a Dirección y exigieron la presencia de los docentes. La Dirección pidió disculpas; pero se les inicia a los docentes una investigación por violencia verbal. Ante lo cual, los padres y madres declaran: "La violencia se puede medir de diferentes formas, pero nosotros, como padres y madres sabemos que es violencia la intimidación, es violencia la manipulación, es violencia decir y desdecir, es violencia el engaño y la exposición".

 Otro jalón de esta embestida, es el pedido de informes de la senadora Graciela Bianchi sobre la profesora Mabel Mallo, producto del cual la mencionada docente ha sufrido una verdadera estigmatización pública. Las denuncias por parte de las autoridades de la Educación, de dirigentes sindicales, sin prueba ni previa investigación, que se parece más bien a un escrache. Instalando  un relato ante la opinión pública, infundado y difamatorio, que tuvo como epílogo la sesión del parlamento, de la que el dirigente Olivera debió retirarse ante la embestida de los representantes oficialistas. Todo lo cual conduce a una denuncia ante la Justicia por parte de la profesora Celsa Puente y el profesor Javier Landoni, de las actuales autoridades de Secundaria y Codicen, por exponerlos a la opinión pública sin pruebas ni fundamentos. Y todo esto se inscribe en el marco de la LUC, que consagra la creciente intervención del poder político en el sistema educativo, la pérdida de iniciativa de los verdaderos protagonistas de la educación y la tendencia a la privatización de la enseñanza.  Simultáneamente a esto, las autoridades hablan de una "escalada sindical" en el país.

En suma, cito las palabras del compañero Senador Óscar Andrade: "Hablar de 'escalada de paros' es un intento medio burdo de deslegitimar las representaciones sociales" (...) "Parece más bien un berrinche producto de no aceptar el voto legítimo de los trabajadores que un análisis sereno". Y en relación al insólito pedido de informes de la senadora Graciela Bianchi, dice Andrade: "Hay una mirada que intenta satanizar la práctica sindical". 

Por su parte, el compañero Fernando Pereira, en relación a las declaraciones del presidente Lacalle denunciando una actual "escalada de paros", señala con acierto que esto es "un atajo antisindical". "No asistamos en silencio a una política antisindical con pocos precedentes", aconseja Pereira. Y publica un informe de la Universidad católica, en el que se verifica en términos porcentuales que 2020 fue el año de menor conflictividad sindical, y el actual 2021, uno de los más bajos también. Esta política oficial, es coherente con la secular política blanco-herrerista favorecedora de los grandes capitales a los que no se les afecta un peso; y empobrecedora de los trabajadores asalariados, que ven cada vez más menguados sus ingresos, y cuya lucha se pretende deslegitimar. Política de "clase", que le dicen, de la más pura y rancia cepa, impiadosa y descarnada.

Por último,apelo también al juicio de Óscar Andrade sobre el paro en la refinería de Ancap; el primero, se dice, desde la dictadura. ¡Se rompe un acuerdo que rige hace treinta años, unilateralmente!, sostiene el senador. Sin ninguna conversación previa ni convenio de las partes. No parece la mejor manera de dirimir un conflicto; más bien de desencadenarlo.

Aspiro a que sirva esto al menos parcialmente de "antiembestida". A contribuir a contrarrestar tanta inquina y a que prevalezcan la razonabilidad y los valores de convivencia de la civilidad democrática. Especialmente en este tiempo de cercanía de la Navidad.