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La máquina de impedir
10 abr 2018 | Ni legislación de villas miseria, ni exageradas disposiciones.

En unas horas más la Junta de Soriano sesionará extraordinariamente a pedido de las tres bancadas. El tema no está claro, pero buscará arrojar luz sobre un caso puntual originado en una controversia entre inversores vinculados al Country San Isidro y la División Arquitectura de la Intendencia. El tema salió a luz como consecuencia de un supuesto hartazgo por la indefinición administrativa, algo que la Intendencia niega retrucando que los proponentes no presentaron toda la documentación exigida. Hay un poco de todo en este diferendo; hasta insinuaciones de que el proyecto se quería retirar y se buscaron excusas donde no las hay. Aún así, quedan preguntas, porque es raro que alguien elabore una idea, le dé forma de proyecto, lo discuta con las autoridades y luego se retire. Solamente quien no tuviera con qué otra cosa entretenerse, podría protagonizar una gestión así, que tiene sus gastos, insume su tiempo y consume opinión pública que, (de resultar negativa) también implica consecuencias. De manera que no es difícil deducir que algo hubo. Y por si fuera poco San Isidro tiene para mostrar una ejemplar experiencia de años concretada en logros.

Pero más allá de lo que pueda concluirse en este caso puntual, el tratamiento en la Junta puede dejar un saldo positivo. 

En términos generales todo aquel que ha construido sabe que entre la Intendencia y el BPS se hace un sándwich que termina por desalentar a más de uno. La administración pública se ha parecido muchas veces a una verdadera máquina de impedir con fastidiosas disposiciones que estarán muy sanamente inspiradas, pero que a la hora de la realidad y la práctica se vuelven insoportables. Y si además, como en el caso puntual denunciado, también hay que lidiar con la burocracia de la Dinama, la Dinagua, Hidrografía, las leyes de Ordenamiento y las disposiciones sobre altura con sus tributos nada baratos, no es difícil entender el malestar de los proponentes.

El propio secretario municipal puso como ejemplo que las exigencias son justificadas “porque hasta para hacer una estufa hay normas que respetar”; y ahí está justamente el problema. De un lado hay ganas de progresar construyendo; del otro escritorios que parecen complacerse poniendo frenos. Podemos hablar con propiedad porque en ocasión de la remodelación de nuestra redacción fuimos exigidos a construír una rampa de acceso y baños especiales para personas con discapacidad bajo el argumento que un medio de comunicación era en definitiva un comercio abierto al público. Quisimos saber cuáles eran los medios de comunicación o los comercios que tenían rampas y baños, con un agravante: la propia Intendencia no ha cumplido con la disposición en ninguno de los baños de los paseos públicos, exigiendo así a otros lo que no se exige a sí misma. Pero además, al costo de una obra de construcción se le agrega desde el BPS un plus equivalente casi al salario que se paga por cada trabajador. Un salario va para el trabajador y otro para el BPS con el argumento de que con ello se financia la llamada Licencia de la Construcción pero donde el obrero se encuentra después con la sorpresa de que el Banco le acredita un porcentaje mínimo de lo que cobró en su nombre.

Es buena hora entonces para que de la sesión proyectada por la Junta, surjan iniciativas de practicidad de modo que construír, crear, progresar, sea un impulso agradable y no un fastidio desestimulante sin por ello caer en los extremos de las villas miserias donde todo vale. 

Con este sistema actual de trabas perdemos todos, desde los obreros que siguen con el tambor, hasta los emprendedores que prefieren no hacer nada, pasando por la propia administración que en su avaricia termina no recaudando nada.

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